Por Natalia Lara Trejo
Los conflictos por el agua cada vez se agravan más, existe una crisis hídrica mundial, la cual no solamente se relaciona con el cambio climático o con las actividades humanas de sobre-extracción de este recurso, sino con la distribución del agua per se. En México, y más concentradamente en la Cuenca del Valle de México —la cual comprende los Estados de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y la capital del país— los índices de sobre extracción son realmente alarmantes. A pesar de que no se cuenta en esta región con mineras o fracking, se trata de la cuenca que posiblemente tenga más estrés hídrico y menor capacidad para resarcir los daños ambientales que le hemos ocasionado.
Antiguamente, desde antes de la llegada de los españoles a América, la relación de los pobladores mesoamericanos con los recursos naturales era muy distinta. Ellos, a diferencia de los europeos, convivían con los cuerpos de agua y sus edificaciones eran sobre estos. La zona lacustre era respetada y, de esa manera, las complejas obras de ingeniería indígena respetaban las zonas pantanosas para transportar el agua potable a los asentamientos humanos. Con la conquista, este paradigma de gestión hídrica cambió y los asentamientos humanos del viejo continente se rehusaban a convivir con las aguas lacustres, principalmente por la teoría hipocrática donde el agua estancada era vista como un cuerpo enfermo.[1]
A raíz de la conquista, el agua de la cuenca del Valle de México se ha expulsado por más de 500 años, lo que ha traído un daño ecológico que impulsa la fabricación de infraestructura que pueda sustentar la vida. En un principio el agua para los asentamientos europeos se traía de Chapultepec y Coyoacán[2], pero conforme fue pasando el tiempo, el agua de esos lugares se fue acabando y tuvieron que recurrir a las partes altas de la cuenca para abastecer de agua a la ciudad que crecía paulatinamente. El pueblo de Santa Fe, por ejemplo, ilustra cómo es que desde el siglo XVI comenzaron diversas luchas por el agua y la preservación del medio ambiente. La construcción de acueductos despojó de los manantiales a los indígenas de la zona, quienes junto con Vasco de Quiroga realizaron manifestaciones sin tener mucho éxito al respecto[3].
Desde el siglo XVI, se ha comenzado una política de despojo del agua, donde el agua natural de la Cuenca del Valle de México es expulsada por medio de infraestructura de desagüe, mientras que se busca traer el líquido de partes alejadas que puedan sostener el modo de vida urbano de la ciudad. Así, se llevan más de 500 años manteniendo a los habitantes de las zonas urbanizadas quitando el agua de manantiales de los pueblos aledaños, contaminado, desecando y haciendo daños ecológicos irremediables. La tecnología ha traído consigo no sólo nuevos usos del agua, sino formas más fáciles para la extracción y el traslado de los cuerpos hídricos de un lugar a otro, por lo que los daños a territorio son cada vez más, más graves y en menor tiempo.
Así, de poco en poco, vamos acabando con las fuentes de abastecimiento de agua potable. La pregunta sería si podemos remediar esta situación; y la respuesta es que existen cientos de organizaciones campesinas, indígenas y ambientales que buscan regresar al paradigma de gestión prehispánico, el cual ayudaría a mantener el agua dentro de la cuenca, rehabilitar zonas agrícolas, mediar los efectos del cambio climático y lograr tener un acceso equitativo al agua al no quitar los recursos hídricos de un lugar para dárselo a otro[4]. No obstante, este cambio de paradigma ha sido descalificado por las instituciones de gobierno, a pesar de que existen cientos de estudios por parte de la misma CONAGUA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y demás organismos colegiados que recomiendan tener nuevas formas de infraestructura que pueda aprovechar el agua de lluvia y la zona lacustre remanente en la cuenca.
Se sabe que el problema se agranda a medida que seguimos con un paradigma de gestión hídrica como de hace 500 años, pero no se busca cambiarlo; es más, se busca incentivarlo. Se podría decir que el objetivo de las instituciones encargadas de la gestión hídrica es generar escasez en lugar de equidad. Por lo que tendríamos que preguntarnos a quién beneficia que este recurso sea escaso.
La escasez es la base del sistema capitalista, y el agua como recurso no renovable representa una ganancia exorbitante para aquellos manejen su gestión. Así, el artículo 27 de la Constitución representa una posición social de avanzada, sobretodo en 1917, donde las ideas liberales imperaban por encima de los derechos colectivos. Si se hace una revisión de la Constitución, podemos apreciar que todas las garantías individuales se basan precisamente en el individuo, en sus derechos como persona; el artículo que rompe ese esquema es el 27, donde se menciona que el agua es de la nación, no de un individuo. Bajo esa premisa, los recursos naturales no se han podido privatizar, aunque se ha generado una compleja rama institucional llena de concesiones que deja a la nación sin la posibilidad de proteger sus recursos. Cabe señalar que, aunque la nación sea dueña de las aguas en el territorio, la nación no tiene personalidad jurídica a diferencia de una empresa.
Las leyes, como decálogos de buenas intenciones, suelen cumplirse de maneras extrañas, nuestra agua es distribuida, extraída, trasladada y saneada por empresas privadas; por eso pagamos un servicio privado de agua, pero legalmente no se trata de una privatización. Alternativas como sistemas comunitarios, que buscan gestionar el agua de los deshielos de las montañas que caen sobre sus territorios, constantemente son amenazados por empresas privadas como refresqueras que son respaldadas por la fuerza pública de los Estados. Todos estos conflictos por el agua surgen en un país donde los recursos naturales son de los privados, aunque la Constitución estipule otra cosa.
Entonces, se está agotando el agua, pero no por culpa de nosotros como ciudadanos, sino por culpa del sistema de gestión hídrica que incentiva al gasto y al consumo para poder lucrar con ella. Si bien es necesario cuidar el agua y realizar acciones como no lavar los autos con manguera ni dejar la llave abierta, si el sistema de gestión cambiara, el cuidado de agua sería parte de la política hídrica del país y no de las recomendaciones a los ciudadanos. El agua es un bien que tiene impactos económicos relevantes, pero también vitales, por lo mismo debe de pensarse como un sistema cooperativo y no lucrativo, donde en el acceso se involucren a los actores de la región para su administración; solo así se garantizaría que nadie tuviera que quedarse sin agua.
En la Ciudad de México, los conflictos por el agua son cada vez más comunes y se han intensificado en zonas populares. Sin embargo, las grandes empresas no son las únicas que salen ganando. El gobierno corta el agua a las zonas con menores ingresos económicos y estas la reciben por medio de tandeos; mientras, las clases con mayores ingresos reciben agua corriente todos los días. El acceso desigual se trata de un condicionamiento y, mientras a unos les cortan el servicio con justificaciones de escasez, existen otras colonias que tienen agua constante a pesar de que el caudal de agua para la ciudad disminuya. La discriminación al acceso es una violación al derecho humano al agua, pero garantiza prioridad a quien puede pagar el servicio. Como el agua es un derecho, el Estado debe hacerse cargo para que todos tengan disfrute de él; en las colonias con recortes, las delegaciones —o bien municipios— suministran el líquido por medio de pipas, las cuales son útiles para controlar a la población y ganar votos en épocas electorales. Es más fácil decir que no a una despensa que a una pipa de agua.
Así, las coaliciones de gobiernos con empresas se empeñan en crear escasez del agua, desprestigiando y negando otros paradigmas a pesar de los múltiples estudios que recomiendan dejar de desecar las cuencas. La escasez aumenta el costo económico del agua, el cual es pagado mediante subsidios del gobierno y, como el agua no alcanza para todos, se recorta el acceso en colonias populares. Quienes no pueden verse suministrados por medio de la red, se les dan pipas, las cuales sirven de control político, dejando a las clases partidistas a cargo de la gestión del territorio y de la vida de sus representados.
Bajo este esquema, se comprende por qué cada vez hay más escasez del líquido, una visión de consumo y de inequidad donde el capital político y económico son los que deciden quién tiene acceso a la vida y quién no. La discriminación como un eje de la gestión económica actual no solo acabará con el medio ambiente sino con la vida misma. Debemos generar acciones de cooperación y autogestión de nuestros recursos para romper el paradigma hídrico actual.
Referencias
Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI). (2012). Repensar La Cuenca. La Gestión de Ciclos de Agua en el Valle de México. (E. Burns, Ed.) (1.a). Tlalmanalco: Uniersidad Autónoma Metropolitana.
Conagua. (2009). Semblanza Histórica del Agua en México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 82.
Rodríguez Uribe, H. (2005). Ideología y Política ambiental en el Siglo XX. La racionalidad como mecanismo compulsivo (1.a). Ciudad de México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
[1] Conagua. (2009). Semblanza Histórica del Agua en México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 82.
[2] Rodríguez Uribe, H. (2005). Ideología y Política ambiental en el Siglo XX. La racionalidad como mecanismo compulsivo (1.a). Ciudad de México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
[3] Ibidem
[4] Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI). (2012). Repensar La Cuenca. La Gestión de Ciclos de Agua en el Valle de México. (E. Burns, Ed.) (1.a). Tlalmanalco: Uniersidad Autónoma Metropolitana.
